Zapatero quiebra huelgas a punta de pistola Controladores aéreos

Zapatero quiebra huelgas a punta de pistola
Controladores aéreos

El último fin de semana, el tráfico aéreo español quedó completamente paralizado, en el inicio de un fin de semana largo, por una huelga "salvaje" de los controladores de los aeropuertos de todo el Estado. En medio de histéricas denuncias sobre el "caos" que tenía a millones de ciudadanos como "rehenes" -generalizadas en absolutamente todos los medios de prensa y, en particular, en los "progresistas"-, el gobierno decretó el "estado de alerta" y puso a los trabajadores aeroportuarios bajo autoridad militar.

En febrero de este año, el gobierno había lanzado un primer ataque contra el convenio colectivo de los controladores aéreos, reduciendo los sueldos en un 40% y aumentando la jornada laboral de 1.200 a más de 1.700 horas anuales. La semana pasada, ante el temor de que España siga los pasos de Grecia y de Irlanda, el gobierno "socialista" anunció la privatización de todos los aeropuertos para recaudar fondos para el pago de la deuda. Estableció, además, las horas de la jornada laboral anual debían excluir las licencias médicas o permisos de diverso tipo. Fue la gota que rebalsó el vaso.
El pasado viernes, a partir de media tarde, se generalizó una huelga de los controladores aéreos, que en cuestión de pocas horas paralizó por completo el tráfico aéreo en toda España en el inicio de un fin de semana largo. La huelga se concretó a través de una generalización de pedidos de licencia médica por parte de la totalidad de la plantilla. El hartazgo y la bronca de los trabajadores desbordó por completo a la directiva burocrática del sindicato. "El sindicato de controladores Usca, que ha reconocido que lo sucedido obedece a la aprobación ayer del nuevo modelo de gestión aeroportuaria en el Consejo de Ministros, venía advirtiendo en las últimas jornadas que, tras un año de conflicto con el Ministerio por sus condiciones de trabajo, los ánimos en el colectivo estaban muy encendidos. También advertían que cada vez les era más difícil controlar a sus afiliados, a los que ayer pedía calma y serenidad. De hecho, a la misma hora que se confirmaban las bajas, daban una rueda de prensa para afirmar que acataban el decreto. Por este motivo, descarta una huelga y asegura que la protesta ha sido ‘espontánea'" (Kaosenlared.net, 4/12).
El viernes a la noche, la paralización era total y todo el espacio aéreo español estaba clausurado. Durante la tarde, la policía irrumpió en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas, donde los controladores realizaban una asamblea, y los obligó a disolverse. Antes de la medianoche, el gobierno anunció la militarización de las torres de control y envió a patrullas del Ejército y la Guardia Civil a ocupar los aeropuertos. Notablemente, a pesar de las amenazas y de que la propia directiva del sindicato llamaba "encarecidamente" a toda la plantilla a volver al trabajo, durante la madrugada del sábado sólo un sector de los controladores del turno noche se presentó a trabajar, por lo que la paralización aérea continuó siendo prácticamente total. El sábado, a primera hora de la mañana, el gobierno dio un paso más y decretó el "estado de alerta" -por primera vez en la historia de la España post-franquista- que implica la militarización de todo el plantel de controladores; cualquier desobediencia puede ser calificada como falta grave o incluso "sedición", punible hasta con seis años de cárcel. Las Fiscalías de las principales ciudades de España ya abrieron causas penales contra los huelguistas. "Agentes de la Benemérita [la Guardia Civil] han llegado esta mañana a las salas de control, donde estaban descansando algunos controladores, a quienes han conducido a punta de pistola a la sala de operaciones del centro de control, donde les ha obligado a sentarse, bajo la amenaza de detenerlos en caso de que se negaran" (Librered.net, 5/12).
Lo que se había planteado como amenaza en ocasión de las huelgas "salvajes" de trenes y subtes, donde el gobierno ya impone "servicios mínimos" que superan el 80%, ha pasado al terreno de los hechos.
Lucas Poy

PRENSA OBRERA