12 de agosto de 2011

UNIVERSIDAD POPULAR PRIMERO DE MAYO TIPNIS (Pueblos Indigenas, Ecología y Socialismo)


UNIVERSIDAD POPULAR PRIMERO DE MAYO
TIPNIS
(Pueblos Indigenas, Ecología y Socialismo)


Expositor Tema
Gonzalo Sanjines (AMR) Las Carreteras de la integración y el Plan IIRSA
Gregori Beltran (FOBOMADE) TIPNIS, territorio y dignidad
Pedro Nuni (CIDOB) La lucha indígena, en el proceso de cambio
Lucio Gonzales (PI) La lucha por el TIPNIS y el socialismo
Rafael Quispe (CONAMAQ) El movimiento indígena y el MAS


Miércoles 17 de Agosto, La Paz - Bolivia
HRS: 19:00 a 21:30
Auditorium de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (Zona Central, calle Campero Nº 52, Frente al Liceo La Paz)


Auspiciado: Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz
Organizado: Agrupación Marxista Revolucionaria

11 de agosto de 2011

Escuela de Formación Política: La Revolución de Octubre (La Primera Guerra Mundial)


Escuela de Formación Política: Introducción al Marxismo
La Revolución de Octubre
(La Primera Guerra Mundial)

Lugar: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas -UMSA (Calle Loayza),
Aula: Oficinas de Centro de Estudiantes de la Faculta de Derecho, planta baja, lado Hall de ingreso
Fecha: Martes 16 de Agosto del 2011
Hrs: 19:00 a 21:00


Auspiciado: Centro Facultativo de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas
Organizado: Agrupación Marxista Revolucionaria

Bolivia: la esencia reaccionaria del régimen de evo morales

Por: Manuel Pérez
La detención y posterior expulsión del país de tres de los cuatro refugiados políticos del Perú detenidos la semana pasada, incluido un bebe de nacionalidad boliviana – precisamente al país de origen, donde sufren persecución y represión estatal por sus ideas políticas – confirma con creces, el absoluto desprecio del régimen imperante en Bolivia por los derechos humanos de los detenidos y, sin duda alguna, el desprecio de este gobierno por los acuerdos sobre el refugio político que firmo el estado boliviano. Este evento nos recuerda la detención de algunos ciudadanos argentinos por el estado boliviano, allá por los años 70, en la época de la represión Banzerista, ciudadanos que después figuraron en la lista de “desaparecidos” del régimen militar argentino. No hay mucha diferencia, después de todo, el estado “demo liberal” peruano tiene una reciente, larga experiencia en guerra sucia y desaparición de personas.
Este evento a su vez, confirma el rumbo autoritario que esta tomando el régimen del MAS sobran los hechos que sintomáticamente hablan de ello, la farsa judicial montada el 5 de agosto por el gobierno, por ejemplo, sólo vino a confirmar la antelada decisión política gubernamental de entregar al estado peruano a los perseguidos políticos de ese país, ni bien dictamino su sentencia el personaje que fungía de juez, - Daniel Espinar -, el aparato represivo de migración los embarco sin demora alguna con rumbo a la frontera.
La preeminencia que tienen hoy en el gobierno algunas fracciones de la clase dominante. Es un síntoma del rumbo actual del “proceso de cambio” masista. El ancho abanico social que respaldo al gobierno en los primeros años de su gestión, hoy se ha reducido a la mediana propiedad campesina, es decir, sindicatos cocaleros principalmente, cooperativistas y algunos sectores informales citadinos.
Diciembre del 2010 constituyo la revelación palmaria de la esencia reaccionaria del régimen, que decreto un gasolinazo anti popular al elevar el precio de los carburantes en un 70% - porcentaje tres veces mayor que el que impulso el genocida régimen neoliberal de gonzalo sanchez de losada - generando con esta medida una subida de todos los artículos de primera necesidad; medida que provoco la reacción popular, principalmente del pueblo, alteño – que se encargo de aplastar en las calles la medida neoliberal. Durante los últimos dos años de manera sistemática, el régimen nacionalista burgués del MAS ha venido demostrando repetidamente su carácter anti popular. Basta mencionar el uso desmedido de la violencia reaccionaria, contra las protestas del pueblo en caranavi o cuando arremetió contra la protesta popular del pueblo potosino y ataco a principios de año la movilización popular de los mineros, el magisterio y otros sectores populares.
El régimen del MAS en los hechos viene haciendo todo lo contrario de lo que pregona, sistemáticamente viene deteniendo a dirigentes de distintos sectores populares por el solo hecho de pensar diferente, basta mencionar el caso del dirigente máximo del movimiento sin tierra, encarcelado varios meses sin justificación clara, la destitución de la dirigente de la FEJUVE alteña Fani Nina o la sañuda persecución a los abogados de los asesinados en Caranavi por la policía o cuando en contradicción completa con su discurso de defensa de la “madre tierra” y los recursos naturales, impulsa la construcción de carreteras que atraviesan reservas forestales como la región del TIPNIS afectando la vida de los pueblos indigenas que habitan la región, todo en beneficio del capitalismo brasileño y los intereses imperiales en la región y sin duda de los cocaleros; contradiciendo en los hechos el discurso gubernamental sobre la “madre tierra” y toda la verborrea místico ideológica, que sale de la boca de los jerarcas del gobierno del MAS.
El régimen “nacionalista indígena”, que de indígena no tiene nada salvo la apariencia indígena del presidente de las organizaciones corporativas cocaleras, a partir del 2010, poco a poco fue virando hacia abiertas posturas totalitarias; su decisión de imponer un control absoluto del estado en todas sus instancias, así como de organizaciones populares como la central obrera boliviana, las amenazas a los activistas políticos de izquierda con la represión y la cárcel, se inscriben en este rumbo. Este accionar es sintomático, en la historia tiene un nombre: fascismo. el fascismo supone la perdida de vigencia de los principios demo liberales y su reemplazo por el control absoluto del estado por las fracciones más ultra conservadoras de la clase dominante, no necesariamente las más poderosas económicamente, hay que recordar que el fascismo supone la emergencia de las clases medias organizadas corporativamente. Vale destacar que bajo este gobierno el aparato represivo tiene prioridad, el control del poder judicial pretende ser absoluto, el mismo que sigue al control del parlamento burgués, así como de las organizaciones populares como la COB (central obrera boliviana) y las federaciones campesinas. En este accionar se inscribe la cooptación de algunos dirigentes mineros - de la mineria nacionalizada -, los que no se hacen mayor problema a la hora de vender sus principios, si alguna vez los tuvieron, por un plato de lentejas; un caso patético es el de los dirigentes mineros de HUANUNI.
La ofensiva actual del régimen contra las clases populares alteñas, la UPEA y la izquierda marxista, tiene un objetivo evidente: imponer temor en los dirigentes de las organizaciones populares, con vistas a menguar su accionar con vistas a la supuesta elección de candidatos para la cúpula judicial de octubre y ante todo congraciarse con el imperialismo yanqui y algunos regímenes nacionalistas burgueses vecinos, como el PERU, de ahí emerge su decisión de expulsar a los compañeros perseguidos políticos.
Una vez más es el turno del pueblo, son las organizaciones revolucionarias de izquierda y las organizaciones populares de el alto, las llamadas a frenar la nueva arremetida de la reacción fascista. El pueblo alteño ya sabe de estas lides, sabe de este tipo de acciones represivas y esta convocado a movilizarse y aplastar el régimen autoritario que se viene instaurando en el país.
Agosto del 2011

8 de agosto de 2011

Evo Morales revive el "Plan Cóndor": Peruanos perseguidos son entregados a la policía peruana



x FDCL – Berlín :: Más articulos de esta autora/or:


El viernes 5 de agosto los ciudadanos peruanos Williams Antonio Minaya, Hugo Walter Minaya y Blanca Riveros Alarcón fueron expulsados por las autoridades bolivianas y entregadas a la policía peruana en la localidad fronteriza de El Desaguadero. Los peruanos habían sido detenidos por la policía junto con su compatriota José Cantoral Benavides en la ciudad de El Alto el pasado lunes primero de agosto. Aunque sólo se les encontró textos de contenido marxista y volantes contra el “gasolinazo” de Evo Morales de diciembre pasado el gobierno boliviano los acusó en un principio de instigación a la comisión de un delito, de organizar células de la guerrilla peruana “Sendero Luminoso” y de estar vinculados al narcotráfico.

La policía no contaba con ninguna prueba. La posesión de volantes críticos al gobierno no pueden constituir delito de instigación a un delito. La Constitución del llamado Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la libertad de opinión, expresión y de participación política. Además la policía no encontró a los peruanos distribuyendo los volantes. La acusación de recrutar activistas para “Sendero Luminoso” no sólo es falsa sino que no constituiría delito en Bolivia ya que esta organización no está prohibida en este país andino. “Sendero Luminoso” se reduce hoy en día a pequeños grupos errantes en la selva peruana sin ninguna conexión con movimientos populares. Es absurdo afirmar que estos pequeños remanentes de “Sendero Luminoso” esten operando y generando células en Bolivia.

El gobierno de Morales hizo todo lo posible para llevar a cabo una expulsión ilegal. Tres jueces fueron recusados porque existía el peligro que no acepten las directivas del gobierno. Otro juez se excusó el mismo. Finalmente, el juez de El Alto que asumió el caso determinó la expulsión del país de tres de los detenidos en el plazo de 24 horas. De esta manera se pisoteaban violaban principios de un Estado de derecho y de un debido proceso. A los expulsados no se les siguió un proceso por los cargos imputados; no tuvieron oportunidad de defenderse. Se les negó el derecho a apelar. Se les negó sus derechos como refugiados y solicitantes de asilo. El juez que ordenó la expulsión lo hizo excediéndose en sus atribuciones ya que esto le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. Se les entregó directamente a la policía peruana reviviendo pesadillas del pasado acuñadas por el “Plan Cóndor”.

A los expulsados les espera por lo menos 15 años de prisión. Serán juzgados bajo la misma legislación anti-terrorista que fue promulgada por el gobierno del sátrapa Fujimori (1990-2000). Según esta legislación, por ejemplo, la sola pertenencia a una organización terrorista sin que se haya cometido ningún acto delictivo es penada con 15 años de prisión. Pero lo más grave es que el Poder Judicial no garantiza un juicio justo. Los jueces peruanos siguen casi siempre las consignas del poder político. El nuevo gobierno de Ollanta Humala, que muchos califican erróneamente de izquierdista, no representa ninguna garantía de cambio para los perseguidos políticos en el Perú y esto lo acredita su pasado como militar (bajo el seudónimo del “Capitán Carlos”) acusado de violaciones de derechos humanos durante la guerra interna.

El cuarto detenido, José Cantoral Benavides, ha sido puesto en libertad pero se le ha retirado su estatus de refugiado y se le ha dado noventa días para que salga de Bolivia. La dimensión de esta persecusión política se evidencia en el hecho que José Cantoral ya le ganó una demanda al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. El Estado peruano fue condenado en el año 2001 al pago de una indemnización de 3,000 dólares de los Estados Unidos de América a José Cantoral por los “daños mateiales e inmateriales como consecuencia de los hechos del caso”. Este caso se refiere a la persecusión y prisión injustificada de su hermano Luis Alberto Cantoral por el delito de terrorismo (ver la sentencia de la Corte Interamericana: http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_88_esp.pdf).

La detención arbitraria de los cuatro peruanos había sido denunciada por activistas de derechos humanos y políticos bolivianos. Según informaciones de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, los detenidos han sufrido torturas y malos tratos por parte de la policía boliviana. El director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Víctor Vacaflores, afirmó que “el gobierno está impedido de presentar las pruebas (...) porque no se penalizar el libre pensamiento más allá del contenido de los materiales”. Por su parte, Felipe Quispe, ex-ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del Ejército Guerrillero Tupak Katari señaló que “el gobierno de Evo Morales aplica el “Plan Orinoca” con el cual pretende eliminar a todos sus adversarios políticos” (para más información a este respecto ver: http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483947844).

La expulsión de los tres ciudadanos peruanos lleva la marca de una sucia persecusión política contra quienes desde la izquierda pongan en cuestionamiento el régimen de Morales. Trae negros recuerdos de la represión transnacional que se dió bajo el “Plan Cóndor” en los años 70 en Sudamérica. Al enviar a jóvenes de izquierda a las fauces de un Estado y Poder Judicial peruanos altamente represivos que no les brindan las garantías de un juicio justo Morales contradice el espíritu de un gobierno popular como el que se irroga. El Grupo por los Derechos Políticos y Sociales en Latinoamérica, FDCL – Berlín, demanda al gobierno boliviano que cese la represión contra la izquierda y movimientos sociales y que cese la persecusión contra José Cantoral Benavides, que se restituya su condición de refugiado y que se le permita continuar residencia en Bolivia con todos los derechos que le corresponden.

06 de agosto del 2011, Berlín, Alemania
Grupo por los Derechos Políticos y Sociales en Latinoamérica

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