Evo Morales revive el "Plan Cóndor": Peruanos perseguidos son entregados a la policía peruana

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El viernes 5 de agosto los ciudadanos peruanos Williams Antonio Minaya, Hugo Walter Minaya y Blanca Riveros Alarcón fueron expulsados por las autoridades bolivianas y entregadas a la policía peruana en la localidad fronteriza de El Desaguadero. Los peruanos habían sido detenidos por la policía junto con su compatriota José Cantoral Benavides en la ciudad de El Alto el pasado lunes primero de agosto. Aunque sólo se les encontró textos de contenido marxista y volantes contra el “gasolinazo” de Evo Morales de diciembre pasado el gobierno boliviano los acusó en un principio de instigación a la comisión de un delito, de organizar células de la guerrilla peruana “Sendero Luminoso” y de estar vinculados al narcotráfico.

La policía no contaba con ninguna prueba. La posesión de volantes críticos al gobierno no pueden constituir delito de instigación a un delito. La Constitución del llamado Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la libertad de opinión, expresión y de participación política. Además la policía no encontró a los peruanos distribuyendo los volantes. La acusación de recrutar activistas para “Sendero Luminoso” no sólo es falsa sino que no constituiría delito en Bolivia ya que esta organización no está prohibida en este país andino. “Sendero Luminoso” se reduce hoy en día a pequeños grupos errantes en la selva peruana sin ninguna conexión con movimientos populares. Es absurdo afirmar que estos pequeños remanentes de “Sendero Luminoso” esten operando y generando células en Bolivia.

El gobierno de Morales hizo todo lo posible para llevar a cabo una expulsión ilegal. Tres jueces fueron recusados porque existía el peligro que no acepten las directivas del gobierno. Otro juez se excusó el mismo. Finalmente, el juez de El Alto que asumió el caso determinó la expulsión del país de tres de los detenidos en el plazo de 24 horas. De esta manera se pisoteaban violaban principios de un Estado de derecho y de un debido proceso. A los expulsados no se les siguió un proceso por los cargos imputados; no tuvieron oportunidad de defenderse. Se les negó el derecho a apelar. Se les negó sus derechos como refugiados y solicitantes de asilo. El juez que ordenó la expulsión lo hizo excediéndose en sus atribuciones ya que esto le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. Se les entregó directamente a la policía peruana reviviendo pesadillas del pasado acuñadas por el “Plan Cóndor”.

A los expulsados les espera por lo menos 15 años de prisión. Serán juzgados bajo la misma legislación anti-terrorista que fue promulgada por el gobierno del sátrapa Fujimori (1990-2000). Según esta legislación, por ejemplo, la sola pertenencia a una organización terrorista sin que se haya cometido ningún acto delictivo es penada con 15 años de prisión. Pero lo más grave es que el Poder Judicial no garantiza un juicio justo. Los jueces peruanos siguen casi siempre las consignas del poder político. El nuevo gobierno de Ollanta Humala, que muchos califican erróneamente de izquierdista, no representa ninguna garantía de cambio para los perseguidos políticos en el Perú y esto lo acredita su pasado como militar (bajo el seudónimo del “Capitán Carlos”) acusado de violaciones de derechos humanos durante la guerra interna.

El cuarto detenido, José Cantoral Benavides, ha sido puesto en libertad pero se le ha retirado su estatus de refugiado y se le ha dado noventa días para que salga de Bolivia. La dimensión de esta persecusión política se evidencia en el hecho que José Cantoral ya le ganó una demanda al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. El Estado peruano fue condenado en el año 2001 al pago de una indemnización de 3,000 dólares de los Estados Unidos de América a José Cantoral por los “daños mateiales e inmateriales como consecuencia de los hechos del caso”. Este caso se refiere a la persecusión y prisión injustificada de su hermano Luis Alberto Cantoral por el delito de terrorismo (ver la sentencia de la Corte Interamericana: http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_88_esp.pdf).

La detención arbitraria de los cuatro peruanos había sido denunciada por activistas de derechos humanos y políticos bolivianos. Según informaciones de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, los detenidos han sufrido torturas y malos tratos por parte de la policía boliviana. El director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Víctor Vacaflores, afirmó que “el gobierno está impedido de presentar las pruebas (...) porque no se penalizar el libre pensamiento más allá del contenido de los materiales”. Por su parte, Felipe Quispe, ex-ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del Ejército Guerrillero Tupak Katari señaló que “el gobierno de Evo Morales aplica el “Plan Orinoca” con el cual pretende eliminar a todos sus adversarios políticos” (para más información a este respecto ver: http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483947844).

La expulsión de los tres ciudadanos peruanos lleva la marca de una sucia persecusión política contra quienes desde la izquierda pongan en cuestionamiento el régimen de Morales. Trae negros recuerdos de la represión transnacional que se dió bajo el “Plan Cóndor” en los años 70 en Sudamérica. Al enviar a jóvenes de izquierda a las fauces de un Estado y Poder Judicial peruanos altamente represivos que no les brindan las garantías de un juicio justo Morales contradice el espíritu de un gobierno popular como el que se irroga. El Grupo por los Derechos Políticos y Sociales en Latinoamérica, FDCL – Berlín, demanda al gobierno boliviano que cese la represión contra la izquierda y movimientos sociales y que cese la persecusión contra José Cantoral Benavides, que se restituya su condición de refugiado y que se le permita continuar residencia en Bolivia con todos los derechos que le corresponden.

06 de agosto del 2011, Berlín, Alemania
Grupo por los Derechos Políticos y Sociales en Latinoamérica