Por el rechazo a la Constitución Evo-derechista
Por Alejandro Guerrero
En este caso se hace obligatorio empezar por el principio: el proyecto de Constitución Política del Estado que se someterá a referendo el 25 de enero es un engendro derechista surgido de las componendas parlamentarias del MAS con los representantes políticos de quienes organizaron, según el propio gobierno, un golpe de Estado civil y fueron derrotados por la movilización popular.
La Agrupación Marxista Revolucionaria ya publicó un análisis comparado de la CPE aprobada por la Asamblea Constituyente y lo que quedó después de los enjuagues en el Parlamento.
Se debe subrayar, en ese sentido, que la Constitución por votarse no sólo defiende la propiedad privada en general. Además, asegura los privilegios de los monopolios, de las grandes corporaciones extranjeras que saquean los recursos naturales bolivianos. Expresamente se dice que a tales corporaciones se les respetarán sus "derechos adquiridos", aunque tales "derechos" se hayan "adquirido" por medio de la fuerza, del fraude, del negociado y el cohecho.
El artículo 8º de las Disposiciones Transitorias dice textualmente: "En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos".
Esa disposición está hecha a la medida de pulpos como Repsol, Total, Petrobras, Shell, Enron, Vintage, British Gas, British Petroleum, Canadian Energy y Pluspetrol, que aún ahora, pese a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, negocian el gas boliviano a la mitad de la cotización internacional del producto.
En la minería, los "derechos adquiridos" son, por ejemplo, los del consorcio internacional Glencore, del magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, de quien la revista Time dijo en 2001 que es el ejecutivo empresarial "más corrupto del planeta". Desde 2005, Glencore es uno de los mayores operadores mineros de Bolivia, al recibir grandes yacimientos, dolosa y fraudulentamente, de manos del gobierno de Carlos Mesa.
Eso significa, además, que en el futuro más o menos inmediato sobrevendrá una nueva lucha política para disponer el "nuevo ordenamiento jurídico". Esto es: la aplicación de los mandatos constitucionales exigirá el dictado de por lo menos un centenar de leyes, que serán producto de nuevas negociaciones, nuevos enjuagues y otras componendas entre el oficialismo y la derecha opositora. Esos enjuagues ya comenzaron y, por ahora, toda la campaña derechista por el No apunta, no a un imposible rechazo electoral de la Constitución, sino a preparar el terreno para esa futura batalla política.
Ésa, por lo menos, es la idea de ellos. En cambio, el movimiento obrero necesitará que el centro de esa lucha no esté en el parlamento sino en la calle, en la movilización popular, que esta vez deberá hacer frente a la derecha y al gobierno de Evo Morales, quien ha renunciado incluso a la posibilidad de ser reformista.
La Paz, 15 de enero de 2009
http://amr-bolivia.blogspot.com
En este caso se hace obligatorio empezar por el principio: el proyecto de Constitución Política del Estado que se someterá a referendo el 25 de enero es un engendro derechista surgido de las componendas parlamentarias del MAS con los representantes políticos de quienes organizaron, según el propio gobierno, un golpe de Estado civil y fueron derrotados por la movilización popular.
La Agrupación Marxista Revolucionaria ya publicó un análisis comparado de la CPE aprobada por la Asamblea Constituyente y lo que quedó después de los enjuagues en el Parlamento.
Se debe subrayar, en ese sentido, que la Constitución por votarse no sólo defiende la propiedad privada en general. Además, asegura los privilegios de los monopolios, de las grandes corporaciones extranjeras que saquean los recursos naturales bolivianos. Expresamente se dice que a tales corporaciones se les respetarán sus "derechos adquiridos", aunque tales "derechos" se hayan "adquirido" por medio de la fuerza, del fraude, del negociado y el cohecho.
El artículo 8º de las Disposiciones Transitorias dice textualmente: "En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos".
Esa disposición está hecha a la medida de pulpos como Repsol, Total, Petrobras, Shell, Enron, Vintage, British Gas, British Petroleum, Canadian Energy y Pluspetrol, que aún ahora, pese a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, negocian el gas boliviano a la mitad de la cotización internacional del producto.
En la minería, los "derechos adquiridos" son, por ejemplo, los del consorcio internacional Glencore, del magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, de quien la revista Time dijo en 2001 que es el ejecutivo empresarial "más corrupto del planeta". Desde 2005, Glencore es uno de los mayores operadores mineros de Bolivia, al recibir grandes yacimientos, dolosa y fraudulentamente, de manos del gobierno de Carlos Mesa.
Eso significa, además, que en el futuro más o menos inmediato sobrevendrá una nueva lucha política para disponer el "nuevo ordenamiento jurídico". Esto es: la aplicación de los mandatos constitucionales exigirá el dictado de por lo menos un centenar de leyes, que serán producto de nuevas negociaciones, nuevos enjuagues y otras componendas entre el oficialismo y la derecha opositora. Esos enjuagues ya comenzaron y, por ahora, toda la campaña derechista por el No apunta, no a un imposible rechazo electoral de la Constitución, sino a preparar el terreno para esa futura batalla política.
Ésa, por lo menos, es la idea de ellos. En cambio, el movimiento obrero necesitará que el centro de esa lucha no esté en el parlamento sino en la calle, en la movilización popular, que esta vez deberá hacer frente a la derecha y al gobierno de Evo Morales, quien ha renunciado incluso a la posibilidad de ser reformista.
La Paz, 15 de enero de 2009
http://amr-bolivia.blogspot.com
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