Por una Jubilación digna, a los 55 años
1.- La clase obrera fabril, ha impulsado todo un proceso de discusión y de movilización para lograr que se abrogue la Ley 1732, la ley de pensiones neoliberal y se expulse del país a las AFP’s. En agosto de 2008, incluso planteo una huelga general para impedir que el gobierno reforme la ley 1732, manteniendo lo esencial de esa Ley, cambiar la chola con otra pollera, esta movilización brutalmente reprimida ocasionó la muerte de dos mineros en Cayhuasi.
2.- La Central Obrera Boliviana junto a un equipo de profesionales (la Supralaboral) ha elaborado un Proyecto de Ley General de Pensiones aprobado en el II Congreso Especializado de Seguridad Social, realizado en junio de 2007, un proyecto que ha sido discutido y que tiene la virtud de impulsar una JUBILACION DIGNA con carácter solidario.
3.- El 7 de agosto de 2008, el gobierno y la COB, han firmado un acuerdo donde explícitamente se plantea que debe consensuarse la Nueva Ley de Pensiones. El día 14 de diciembre de 2008 fue la última reunión que se llevó a efecto en el Palacio de Gobierno, con presencia del Presidente Evo Morales Ayma, y los representantes de la COB, para el análisis del proyecto, en la cual no se logró superar la divergencia que fue ya constatada anteriormente y que surge del afán de los técnicos del Ministerio de Hacienda de mantener la vigencia de las condiciones que establece la Ley 1732.
4.- De manera intempestiva el gobierno, el 16 de diciembre ha impulsado la aprobación de una nueva Ley de Pensiones, en la Cámara de Diputados, que sustituye a la ley 1732. Una Ley de Pensiones que deja intacto la reforma jubilatoria impulsada por los neoliberales, ya que perpetua el esquema que confisca los ahorros de los trabajadores en beneficio del financiamiento del Estado y la empresa privada (70% de los aportes de los trabajadores esta en manos del estado, que obliga a comprar sus bonos y el otro 30% va a parar a manos de los empresarios, por la misma vía). Bajo este marco mantienen la des-capitalización individual, ratifica una edad de jubilación de 60 años (para hombre y mujeres) y mantiene el financiamiento de la jubilación solo de los aportes de los propios trabajadores (nada de aporte patronal ni estatal). Crea además un Fondo Solidario, confiscando los aportes de los trabajadores (riesgo profesional), para “ampliar” la jubilación a sectores no aportantes.
5.- Contradictoriamente, la Ley de Pensiones del Gobierno, establece a través de un complicado procedimiento de calificación que los trabajadores podrán alcanzar cuando más, después de una vida laboral, el 60% del promedio de los últimos cinco años de salarios o de lo contrario trabajar hasta los 60 años de edad y continuar aportando, para jubilarse con un monto mísero, de un porcentaje muy bajo de su sueldo actual o finalmente acceder al salario mínimo nacional o todavía menos.
6.- Se pretende también, engañar con la aplicación de un sistema mixto, el Estado que es el mayor deudor de las AFP’s actualmente, tendrá intromisión en el manejo de nuestros ahorros, y el peso económico del sostenimiento de ese sistema seguirá sobre nuestros hombros, y además tendremos que ceder parte de nuestros aportes a un fondo que no nos beneficiará directamente. Pero el sistema mixto no elimina el manejo compartido con una AFP. Los obreros quienes aportamos para nuestra jubilación no somos tomados en cuanta en la administración.
7.- ¿Donde esta el aporte estatal y patronal?, el proyecto del gobierno no estipula ningún tipo de aporte patronal para la jubilación, que insistentemente hemos reclamado para nuestros propias pensiones, cuando debería ser el Estado quien asuma las cargas que se originan por la incorporación de otros beneficiarios.
8.- Es poco o nada social una Ley que únicamente introduce afeites demagógicos a la Ley vigente, claramente neoliberal y mercantilista, que desconoce la tradición solidaria de los trabajadores y busca insistentemente explotar el individualismo y acumular grandes capitales que infelizmente no benefician a los trabajadores, sino al propio Estado que dispone libremente de los ahorros de los trabajadores para cubrir sus gastos.
9.- Por lo que pretender buscar la solución a los problemas a través de una supuesta reglamentación, es solo una frase discursiva, ya que cualquier reglamentación será en base a la ley misma, en ese sentido rechazamos los contenidos del proyecto aprobado, que es una simple forma de mejorar la caduca y fracasada Ley 1732, que al haberse aprobado la Nueva Constitución Política del Estado, este proyecto entra en contradicción ya que la nueva constitución no permite la privatización de las pensiones de los trabajadores, establece con claridad “que los servicios de seguridad social no podrán ser privatizados ni concesionados” (art. 45, IV y VI) y son considerados como un derecho humano que es responsabilidad del estado y no de gestoras que simplemente remplazaran a las AFP´s.
10.- El momento es crítico y requiere la acción de los trabajadores, únicos dueños de sus aportes y con total derecho para exigir que en la Ley se considere sus planteamientos que han sido recogidos en el proyecto de la COB, La Ley impulsada por el gobierno tiene características anti-obreras.
La Paz, 5 de Febrero de 2009
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA
2.- La Central Obrera Boliviana junto a un equipo de profesionales (la Supralaboral) ha elaborado un Proyecto de Ley General de Pensiones aprobado en el II Congreso Especializado de Seguridad Social, realizado en junio de 2007, un proyecto que ha sido discutido y que tiene la virtud de impulsar una JUBILACION DIGNA con carácter solidario.
3.- El 7 de agosto de 2008, el gobierno y la COB, han firmado un acuerdo donde explícitamente se plantea que debe consensuarse la Nueva Ley de Pensiones. El día 14 de diciembre de 2008 fue la última reunión que se llevó a efecto en el Palacio de Gobierno, con presencia del Presidente Evo Morales Ayma, y los representantes de la COB, para el análisis del proyecto, en la cual no se logró superar la divergencia que fue ya constatada anteriormente y que surge del afán de los técnicos del Ministerio de Hacienda de mantener la vigencia de las condiciones que establece la Ley 1732.
4.- De manera intempestiva el gobierno, el 16 de diciembre ha impulsado la aprobación de una nueva Ley de Pensiones, en la Cámara de Diputados, que sustituye a la ley 1732. Una Ley de Pensiones que deja intacto la reforma jubilatoria impulsada por los neoliberales, ya que perpetua el esquema que confisca los ahorros de los trabajadores en beneficio del financiamiento del Estado y la empresa privada (70% de los aportes de los trabajadores esta en manos del estado, que obliga a comprar sus bonos y el otro 30% va a parar a manos de los empresarios, por la misma vía). Bajo este marco mantienen la des-capitalización individual, ratifica una edad de jubilación de 60 años (para hombre y mujeres) y mantiene el financiamiento de la jubilación solo de los aportes de los propios trabajadores (nada de aporte patronal ni estatal). Crea además un Fondo Solidario, confiscando los aportes de los trabajadores (riesgo profesional), para “ampliar” la jubilación a sectores no aportantes.
5.- Contradictoriamente, la Ley de Pensiones del Gobierno, establece a través de un complicado procedimiento de calificación que los trabajadores podrán alcanzar cuando más, después de una vida laboral, el 60% del promedio de los últimos cinco años de salarios o de lo contrario trabajar hasta los 60 años de edad y continuar aportando, para jubilarse con un monto mísero, de un porcentaje muy bajo de su sueldo actual o finalmente acceder al salario mínimo nacional o todavía menos.
6.- Se pretende también, engañar con la aplicación de un sistema mixto, el Estado que es el mayor deudor de las AFP’s actualmente, tendrá intromisión en el manejo de nuestros ahorros, y el peso económico del sostenimiento de ese sistema seguirá sobre nuestros hombros, y además tendremos que ceder parte de nuestros aportes a un fondo que no nos beneficiará directamente. Pero el sistema mixto no elimina el manejo compartido con una AFP. Los obreros quienes aportamos para nuestra jubilación no somos tomados en cuanta en la administración.
7.- ¿Donde esta el aporte estatal y patronal?, el proyecto del gobierno no estipula ningún tipo de aporte patronal para la jubilación, que insistentemente hemos reclamado para nuestros propias pensiones, cuando debería ser el Estado quien asuma las cargas que se originan por la incorporación de otros beneficiarios.
8.- Es poco o nada social una Ley que únicamente introduce afeites demagógicos a la Ley vigente, claramente neoliberal y mercantilista, que desconoce la tradición solidaria de los trabajadores y busca insistentemente explotar el individualismo y acumular grandes capitales que infelizmente no benefician a los trabajadores, sino al propio Estado que dispone libremente de los ahorros de los trabajadores para cubrir sus gastos.
9.- Por lo que pretender buscar la solución a los problemas a través de una supuesta reglamentación, es solo una frase discursiva, ya que cualquier reglamentación será en base a la ley misma, en ese sentido rechazamos los contenidos del proyecto aprobado, que es una simple forma de mejorar la caduca y fracasada Ley 1732, que al haberse aprobado la Nueva Constitución Política del Estado, este proyecto entra en contradicción ya que la nueva constitución no permite la privatización de las pensiones de los trabajadores, establece con claridad “que los servicios de seguridad social no podrán ser privatizados ni concesionados” (art. 45, IV y VI) y son considerados como un derecho humano que es responsabilidad del estado y no de gestoras que simplemente remplazaran a las AFP´s.
10.- El momento es crítico y requiere la acción de los trabajadores, únicos dueños de sus aportes y con total derecho para exigir que en la Ley se considere sus planteamientos que han sido recogidos en el proyecto de la COB, La Ley impulsada por el gobierno tiene características anti-obreras.
La Paz, 5 de Febrero de 2009
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA
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