19 de marzo de 2009

BOLIVIA: El fracaso de las nacionalizaciones burguesas

Por Alejandro Guerrero

Sin control obrero y en manos de los pulpos, las empresas estatales se hunden en la corrupción, la falta de inversiones y la inoperancia.
La oposición derechista y el gobierno de Evo Morales parecen transformar la política boliviana en un caso policial. En principio, ya están presos ejecutivos de YPFB y, en respuesta a ese mazazo contra el oficialismo, también algunos partícipes secundarios de la masacre de Pando, ocurrida cuando se produjo la sedición de los "cívicos" en la primavera pasada. Además, las coimas en la petrolera estatal amenazan con terminar en la Corte Suprema, en un proceso contra Morales. Esa jugada es promovida por los prefectos "autonomistas", la misma derecha que pactó con el MAS el texto constitucional aprobado en enero.
Toda esa maraña oculta un aspecto clave de toda la cuestión: la crisis terminal de las nacionalizaciones tal como fueron hechas por el gobierno indigenista. Sin el indispensable control obrero, las empresas nacionalizadas se transforman en botín de las camarillas gobernantes y, sobre todo, en puerta de entrada para la penetración imperialista y para el saqueo de los recursos colocados en manos del Estado burgués. Bolivia tiene en ese sentido una larga y rica experiencia histórica.
Un balazo inoportuno
El empresario y millonario boliviano Jorge O'Connor fue asaltado y asesinado en una calle de La Paz el 27 de enero, dos días después del referendo constitucional. O'Connor era dueño y gerente de la compañía Catler Uniservice, que seis meses antes había logrado un contrato por 86 millones de dólares para construir una planta separadora de gas licuado de petróleo y gasolina. Días antes del asesinato, Catler había recibido un adelanto de 4,5 millones de dólares.
"Cuando fue asaltado, O'Connor llevaba encima 450 mil dólares, justo el 10 por ciento de la cantidad recibida por su compañía. Y se disponía a entrar en la vivienda de un tal Javier Navía, que resultó ser cuñado del mismísimo presidente de YPFB, Santos Ramírez" (El País, 12/2).
Entregado por un abogado de Catler (así lo confesaron sus asesinos), O'Connor fue muerto por un par de ladrones de poca monta, detenidos rápidamente. Con seguridad había pensado que, como el dinero era para pagar una coima, el robo no podía ser denunciado. Pero O'Connor se resistió, hubo un forcejeo y un balazo inoportuno echó todo a perder y generó un escándalo político formidable, de final impredecible, al dejar al descubierto una extendida red de corrupción y, especialmente, la situación calamitosa de una YPFB saqueada hasta su casi destrucción.
Crisis de producción
La derecha aprovecha para su nueva ofensiva los argumentos que le ofrece el decreto 29.506, promulgado por Evo Morales para que YPFB pueda hacer contrataciones directas, como en el caso de Catler. Santos Ramírez, colaborador íntimo del presidente, era el sexto titular de Yacimientos en sólo tres años. Ahora está preso. También se ha sabido que Catler no tiene siquiera domicilio fiscal y figura con un capital de 7 mil dólares: se trata de una empresa fantasma, organizada sólo para estafar al Estado gracias a ese decreto contra el cual la derecha no dijo ni mu cuando se promulgó.
El ataque derechista tiene, de todos modos, límites precisos. Ya no procura derrocar a Morales; sólo busca deteriorarlo y, en el mejor de los casos para el "autonomismo", volver imposible su postulación en las elecciones de diciembre. Eso es así por razones políticas (la derrota de la sedición derechista) y policiales: varios figurones del partido Podemos, de derecha, están involucrados en el escándalo de YPFB, y no se salva el prefecto de Tarija, Mario Cossío. Si alguien va preso van presos todos, lo cual asegura el pacto mafioso.
Mientras tanto, el deterioro operacional, el saqueo a que ha sido sometida y la falta de inversiones han llevado a Yacimientos a la casi extinción, al punto que "hoy apenas se alcanzan los mínimos previstos de venta de gas a Brasil y Argentina" (El País, 6/3). Al mismo tiempo, "Bolivia seguirá comprando diesel y gasolina, pues el gas, sin inversiones, ve reducida su capacidad de asumir al pequeño consumo doméstico por la escasa capacidad de inversiones de YPFB" (ídem).
Ese deterioro ha sido admitido por el "superministro" de Gobierno, Juan Ramón Quintana, en una entrevista con El País (12/3): "Los volúmenes de petróleo y de gas han ido a la baja porque no se han producido las inversiones necesarias en el momento preciso. Hemos verificado que las empresas invirtieron muy poco desde el proceso de capitalización".
Sin embargo, Quintana espera que la nueva Constitución contribuya a solucionar el problema: "Con la nueva Constitución hay reglas de juego muy claras, unos mandatos definidos y una voluntad política del gobierno para canalizar inversión extranjera en distintas áreas" (ídem). Y algunos en Bolivia dijeron que ante esa Constitución correspondía abstenerse, declararse neutral...
Además, se ha denunciado la presunta malversación de un fideicomiso por casi un millón de euros en un programa de viviendas sociales. Como fuese, de las 14 mil unidades previstas en ese plan sólo se están construyendo 300. En otras palabras: es el Estado mismo el que tiende a paralizarse.
Las nacionalizaciones de Evo Morales no han sido un acto de soberanía contra la penetración imperialista; por el contrario, la facilitan. Evo Morales lo hizo y lo dijo: los pulpos petroleros "ahora son nuestros socios", sostuvo muchas veces, aunque queda a la vista que tales socios no son de fiar.
La revolución boliviana necesitará avanzar por encima del nacionalismo burgués y de los pactos de ese nacionalismo con la vieja derecha. Para que las nacionalizaciones tengan el sentido que quisieron darles las insurrecciones populares de 2003 y 2005, el indispensable control obrero será apenas un paso elemental.

PRENSA OBRERA 19 DE MARZO DE 2009
http://amr-bolivia.blogspot.com

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