31 de octubre de 2011

A días de la expulsión del refugiado Cantoral, gobierno calla sobre pedido de revocatoria

A días de la expulsión del refugiado Cantoral, gobierno calla sobre pedido de revocatoria
de Ruth Bautista Durán, el Lunes, 31 de octubre de 2011, 7:29
A solo cinco días del plazo judicial para que el refugiado peruano José Antonio Cantoral sea expulsado del país, la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) aún no ha considerado la apelación o pedido de revocatoria de esa injusta determinación. La revocatoria de la expulsión implicaría el restablecimiento de su permanencia en Bolivia junto a su familia boliviana y la reposición de su libertad personal.

El sociólogo José Cantoral fue arrestado el 1 de agosto pasado en su oficina ubicada en inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto, donde impartía clases de nivelación en matemáticas. Con “indicios” como sus libros, anotaciones de su agenda, las fotografías personales de su esposa, algunos periódicos de circulación legal y artículos bajados de internet, la Fiscalía inició imputación en su contra por el delito de “terrorismo”. A la vez el 3 de agosto la CONARE decidió su expulsión sin darle derecho a la defensa, sin respetar el principio de presunción de inocencia y sin siquiera comunicarle que había un proceso en su contra.

El 5 de agosto, el juez Daniel Espinar puso 90 días de plazo (que se vence el 5 de noviembre) para que el gobierno busque un país para expulsar a José Antonio. En todo este tiempo muchísimas instituciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera del país, y paralelamente diputados alemanes, se han pronunciado pidiendo la reparación de los derechos violados y la revocatoria de la expulsión.

El 16 de agosto José Cantoral presentó el pedido de revocatoria de la expulsión y el restablecimiento de su libertad. Sin embargo la CONARE, conformada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la representación de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se ha negado a responder a la apelación. Desde el 16 de agosto la CONARE ni siquiera ha informado a la familia si va a considerar o no la apelación.

Tanto José Cantoral como su familia boliviana viven hace tres meses con incertidumbre, total desinformación sobre su situación, imposibilidad de trabajar y negativa del gobierno de considerar su pedido de revocatoria. El refugiado peruano y su familia solo desean continuar su vida académica y de trabajo en el país (como ha sido en los casi 20 años de Cantoral aquí), y la reparación de todos los derechos vulnerados en este injusto proceso.


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