24 de septiembre de 2012

Presidente y Vicepresidente se ausentan del país dejando al Estado en manos de una latifundista cruceña que pertenece a la “línea dura” del MAS

Presidente y Vicepresidente se ausentan del país dejando al Estado en manos de una latifundista cruceña que pertenece a la “línea dura” del MAS Ronda el fantasma de la insurrección minera en Bolivia y Evo Morales se va a Nueva York El proletariado minero retoma su rol de vanguardia mostrando con lucidez ideológica el camino para la reconducciòn del proceso revolucionario en Bolivia. El abandono físico que Evo Morales y García Linera hacen del país viajando a Estados Unidos y a Vietnam respectivamente —en un momento extremadamente delicado para la estabilidad democrática del país cuando el proletariado minero se encuentra en un franco apronte insurreccional—, es un correlato simbólico del abandono ideológico y moral en que ambos jefes del Estado Plurinacional han sumido al “proceso de cambio” suplantando la estrategia socialista y revolucionaria por una política electoralista y reaccionaria. Entretanto el país, bajo una inesperada Presidencia interina, queda en manos de una terrateniente de Santa Cruz caracterizada por su indolencia militante… © Wilson García Mérida Obreros mineros sindicalizados se atrincheran en los cerros de Colquiri. El momento en que huestes de trabajadores mineros cooperativistas apedrearon y dinamitaron la sede central de la benemérita Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), el pasado martes 18 de septiembre —en un hecho insólito que recordó el asalto sufrido por la misma sede durante el golpe narco-fascista de los militares Arce Gómez y García Meza en julio de 1980—, quedó nítidamente establecido que al menos en el distrito minero de Colquiri, situado en el límite entre los departamentos de La Paz y Oruro, los trabajadores asalariados y los cooperativistas ya nunca jamás podrían convivir explotando un mismo yacimiento.Se trata de un problema estructural heredado del régimen neoliberal de Sánchez de Lozada que el actual gobierno de Evo Morales pretende solucionar “salomónicamente” provocando una peligrosa contradicción antagónica en el seno mismo del proletariado minero. Se pretende que los asalariados de la empresa minera estatal Comibol y los cooperativistas dirigidos por una élite patronal que no tributa al Estado, tengan los mismos derechos sobre la veta “Rosario” de Colquiri. Impune violencia “cooperativista” En el cooperativismo minero subsisten relaciones de severa explotación laboral. El conflicto de Colquiri alcanzó su punto más dramático en la jornada del 18 de septiembre con el asesinato del trabajador minero Héctor Choque Gutiérrez durante el asalto cooperativista a la sede sindical, cuando un cachorro de dinamita explotó sobre la humanidad del joven obrero que dejó dos niños en la orfandad. El letal atentado radicalizó a los afiliados de la Fstmb que exigen la reversión total de la mina Colquiri a dominio de la Comibol, una vez que fue nacionalizada en junio de manos de la trasnacional Sinchi Wayra (ex Comsur de Sánchez de Lozada, que transfirió la mina a la suiza Glencor), esta vez expulsando también a la Cooperativa 26 de Febrero, cuyos “directivos” (patrones en los hechos) son acusados de explotación laboral infantil y malos tratos a la masa obrera “asociada” a esta cooperativa, además de gozar de privilegios como el no pago de impuestos y millonarios créditos sin control fiscal. El decreto 1337 aprobado el 29 de agosto pasado para aplacar las primeras tensiones surgidas tras la reversión de la mina, delimitaba las áreas de explotación del yacimiento de Colquiri, “dividiendo” la codiciada veta “Rosario” en partes compartidas para la Comibol y la Cooperativa. La delimitación fue ambigua y ambos actores se enfrascaron en una controversia que derivó en los recientes choques callejeros en La Paz, a donde asalariados y cooperativistas marcharon exigiendo para sí la parte más rica de la veta. La codiciada veta es rica en estaño y zinc, fue avaluada en unos 5 mil millones de dólares por técnicos de la Comibol. La mina permanece paralizada desde el 30 de agosto, fecha en que inició el conflicto, y tras los enfrentamientos del pasado martes fue tomada y es custodiada por los asalariados. El viceministro Pérez abiertamente parcializado con los “cooperativistas”. Los mineros cooperativistas exigen el respeto del decreto 1337 que autoriza sus operaciones en parte de la veta Rosario; sin embargo, los asalariados se oponen y piden la reversión total de ese yacimiento a manos de la Comibol. “Nosotros no estamos en contra del sistema cooperativista a nivel nacional; pero ese sistema es incompatible en Colquiri, donde la Comibol debe asumir control pleno de los yacimientos.(…). Si el gobierno de Evo Morales quiere seguir fomentando a las cooperativas, que les busquen otro lugar, hay muchas minas en el territorio nacional; pero a Colquiri ya no entran”, dijo este domingo en declaración a radio Panamericana el dirigente del sindicato minero de Colquiri, Severino Estallani. “Además”, dijo Estallani, “la muerte de nuestro compañero Héctor Choque no se negocia”. Esta posición radical es generada por las propias autoridades del Gobierno, como el viceministro del Interior Jorge Pérez, quien aseguró que Héctor Choque se habría suicidado haciéndose estallar él mismo una carga de dinamita. El periódico estatal Cambio tituló la crónica de la muerte como un “lamentable accidente”. La Fstmb exige la renuncia de Pérez por la manera irresponsable con que se parcializa a favor del sector cooperativista, promoviendo el clima de enfrentamiento y violencia que está tensionando a la clase obrera boliviana. Capitanes que abandonan su barco LA ALIANZA MAS-FENCOMIN El Gobierno y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) durante la firma de un acuerdo, el 3 de agosto pasado, que otorga mayores beneficios a este sector, consistentes en la creación de un fondo de financiamiento para las cooperativas, nuevos plazos para la conclusión de trámites pendientes y la creación de un seguro social cooperativo, entre otros.En contraparte, los cooperativistas se comprometen a respetar la propiedad privada y a “no cometer más avasallamientos”. Y Evo Morales se desentendió del problema planteado por los asalariados, minimizándolo, ya que considera que los cooperativistas, leales al MAS como una de sus principales bases electorales organizada a través de la Federación Nacional de Cooperativs Mineras (Fencomin), “tienen los mismos derechos que los asalariados para estar en Colquiri”, según declaró con desdén durante la proclamación de la candidata del MAS a la Gobernación del Beni, la ex Miss Bolivia Jessica Jordan, acto al que el Presidente prefirió asistir en vez de atender personalmente la demanda de los trabajadores mineros tal cual exige insistentemente la Fstmb. Morales delegó el tratamiento del problema a su gabinete económico y político, cuyos ministros insisten en infructuosas reuniones de “conciliación” entre asalariados y cooperativistas cumpliendo la irresponsable consigna oficial de “que se las arreglen entre ellos”. Complicando el panorama, Evo Morales optó hoy por realizar un viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que será presentado oficialmente como embajador de Bolivia el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, designación impuesta tras burlar protestas populares por su responsabilidad directa en el intento de masacre a indígenas el 25 de septiembre del pasado año. Según la agencia estatal ABI, “Morales adelantó que en la Asamblea Ordinaria de las NNUU expresará la centenaria reivindicación marítima que tiene Bolivia y espera recibir la solidaridad de los países. Así también, dijo, que dará a conocer los logros obtenidos con la aplicación del programa Mi Agua, pues esta gestión se superó la meta de cobertura fijada por la ONU hasta 2015, lo cual es un aliento para seguir trabajando por el pueblo boliviano”. Se informó también que el presidente boliviano insistirá ante la ONU en su propuesta de despenalizar el consumo de la hoja de coca en su estado natural, actualmente prohibido por la Convención de Viena. Dos semanas después de su ostentosa boda, García Linera se fue de viaje a Vietnam. Morales volverá al país el jueves, dejando la Presidencia interina del Estado en manos de la presidente Gabriela Montaño, ya que el segundo al mando, el vicepresidente Álvaro García Linera, “se encuentra en Vietnam tras recibir una invitación”, informó escuetamente el Gobierno sin ofrecer mayores detalles sobre aquel viaje que García Linera efectuó dos semanas después de su publicitada boda, una actividad privada y familiar celebrada el pasado 9 de septiembre, en la que el Gobierno hizo un derroche de recursos públicos movilizando ostentosos grupos de seguridad en torno a esa ceremonia. El gobierno no explicó oficialmente sobre la importancia del reciente viaje de García Linera a Vietnam, si el mismo es de carácter oficial o personal. Llama la atención que ambos mandatarios no hayan contemplado en su agenda de viajes los problemas sociales que asolan al país, especialmente el problema minero de Colquiri que se agudiza desde el pasado mes de agosto. ¿No existe acaso un sistema de alerta temprana que permite programar o reprogramar los viajes oficiales en función a las necesidades y urgencias internas del Estado? Durante la semana que comienza el país estará gobernado interinamente por la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, considerada una intolerante “mujer de hierro” que aplaudió y justificó la represión policial a mujeres y niños indígenas amazónicos en Chaparina durante la marcha por la defensa del Tipnis en septiembre del año pasado. Los orígenes del conflicto de Colquiri Un ampliado minero debatiendo las necesarias soluciones estructurales a la crisis. Sánchez de Lozada dejó una perversa herencia política y económica. A raíz del cierre de minas en 1985 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, mediante un decreto redactado por su entonces ministro Gonzalo Sánchez de Lozada, dueño de la compañía minera Comsur, más de 30.000 trabajadores mineros de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fueron “relocalizados” (es decir condenados al desempleo), para entregar las minas más rentables de la Comibol a varias compañías trasnacionales, socias de Sánchez de Lozada, que comenzaron a explotar esos yacimientos con nuevas tecnologías de punta altamente depredadoras del medio ambiente y con mínima mano de obra. A partir de 1993, siendo Presidente el mismo Sánchez de Lozada, el gobierno del empresario minero promovió la formación de “cooperativas mineras” en base a la masa obrera “relocalizada” de la Comibol, para explotar yacimientos residuales en las cercanías de las minas controladas por las trasnacionales. De hecho, aquellas cooperativas se desarrollaron como apéndices de las trasnacionales mediante contratos accidentales que permitieron la formación de una élite privilegiada dentro un sistema cooperativista libre de regulaciones laborales, entre otros privilegios otorgados por el régimen de Sánchez de Lozada. En ese contexto, el cooperativismo minero devino en un modelo de sobre-eexplotación de la mano de obra de sus miles de “socios” proletarios, además de una creciente explotación laboral infantil perpetrada contra los propios hijos de los “cooperativistas de base”. Evo Morales tiene un pacto electoral con los mineros “cooperativistas” basado en prebendas y privilegios. Tras la caída de Sánchez de Lozada, en octubre del 2003, las élites del cooperativismo minero negociaron el voto de sus bases con el Movimiento al Socialismo (MAS), exigiendo que un futuro gobierno de Evo Morales conserve los privilegios que ganaron con Sánchez de Lozada. Y así fue. Hoy los principales dirigentes (patrones) del cooperativismo minero son influyentes activistas del MAS, detentan importantes cargos en los órganos del Estado y muchos de ellos han incursionado en actividades ilícitas como el contrabando de vehículos “chutos” de Chile, con total tolerancia del gobierno de Morales, ya que también los “chuteros” son su principal fuerza electoral junto a los cocaleros del trópico de Cochabamba. El sector cooperativo minero goza hoy del Régimen de Tasa Cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para venta de minerales y metales, recibe beneficios en préstamos del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), así como la dotación de nuevas áreas para explotación . En Colquiri se gesta el verdadero socialismo. Pero en este esquema populista que alienta Evo Morales, muy pronto empezaría a germinar una contradicción insalvable desde el momento en que este mismo Gobierno, que enarbola las banderas de la nacionalización dentro su discurso de izquierda, comenzó a reactivar la minería estatizada devolviéndole a la Comibol el control pleno de la cadena productiva minera. A medida que Comibol (por ende los trabajadores asalariados de esta empresa estatal) iba ganando terreno tras la nacionalización de varios yacimientos que detentaban las trasnacionales, los choques con el sistema cooperativista que le disputa esos yacimientos a la empresa estatal, se hacía evidente.Los síntomas de esta contradicción que tiene evidentes rasgos de una lucha de clases, ya se hicieron visibles en mayo del 2004, durante el gobierno “pre-evista” de Carlos Mesa, cuando “cooperativistas” y asalariados se enfrentaron a dinamitazos disputándose un yacimiento de la mina Caracoles. En octubre del 2006, a pocos meses de asumir Evo Morales, el conflicto se repitió en Huanuni, donde el gobierno del MAS optó por apoyar a los cooperativistas reprimiendo a los asalariados con fuerza militar y policial; el resultado fueron 30 heridos de gravedad y cuatro muertos entre los asalariados que se resignaron a quedarse con las vetas residuales, quedándose los cooperativistas con “la parte del león”. En los hechos los asalariados fueron expulsados de Huanuni por los cooperativistas, gracias al apoyo de la fuerza pública dispuesta autoritariamente por el gobierno de Evo Morales. ¿Socialismo o electoralismo? A principios de este año estalló el conflicto de Colquiri. En este caso la lucidez ideológica del proletariado minero que comienza a despertar de su letargo invernal con una conciencia de clase en sí y para sí, se expresa en la contundente propuesta de profundizar la nacionalización plena de las minas, para fortalecer a la Comibol bajo un régimen de cogestión y autogestión obrera; es decir avanzar efectivamente por el camino correcto del socialismo. Dentro este planteamiento proletario y socialista, la masa obrera sobreexplotada por los patrones de las cooperativas debe pasar a las planillas del sector estatal, gozando de todos los beneficios que brinda el régimen legal laboral y sindical vigente en Bolivia desde la revolución de 1952. El gobierno de Evo Morales, atado de pies y manos por sus compromisos clientelares e intereses electorales inspirados por el mero afán partidocrático de acumular poder y privilegios burgueses a toda costa, insiste en mantener los privilegios prebendales de sus aliados cooperativistas, cerrando el paso a la solución libertaria que proponen los proletarios de la Fstmb en Colquiri. Esta cerrazón populista y electorera puede desatar un inminente clima insurreccional en el país, muy posible durante esta semana, nada menos que en ausencia de Evo Morales y Alvaro García Linera. La ultra derecha del MAS Gabriela Montaño. La empresaria latifundista y médica de profesión Gabriela Montaño, actual presidenta del Senado en representación del MAS (ocupando el vacío moral que dejó aquella digna y magnífica mujer como era doña Ana María Romero de Campero, que se murió en la víspera de esta sombría coyuntura), forma parte de una inequívoca ultra derecha que viene pisando fuerte en la estructura partidaria masista. Durante cinco días presidirá al país mientras dure la ausencia de Evo Morales y García Linera. Casada con un próspero productor audiovisual, el argentino Favián Restivo, vinculado estrechamente al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, esta dirigente política es una de las más firmes y cerradas defensoras de la construcción de la carretera cocalera por el Tipnis, enemiga declarada del movimiento indígena que defiende esa área protegida en la Amazonia sur de Bolivia. Montaño proviene de una familia propietaria de minas, dedicada en Santa Cruz a la producción de algodón. Se vinculó con el MAS como funcionaria de la ONG Cejis (hoy en la oposición), y en el 2008, siendo delegada presidencial en Santa Cruz, se vio envuelta en un escándalo por la autorización ilegal de casas de juego y casinos en esa capital, junto con el concejal Osvaldo “Chato” Peredo. Trabajó como colaboradora política del empresario comercial Salvador Ric, también hoy connotado masista, dueño de las importadoras de vehículos “AutoSud” y “Le Mans” y de la cadena de supermercados “Hiper Plaza”, además de la importadora de ropa americana “Mall New York”. La presidenta interina del Estado es pues representante de una élite de terratenientes y comerciantes orientales que detentan privilegios típicos de la derecha boliviana, donde predominan negocios familiares en rubros como la ganadería, la explotación de madera y el contrabando, con hijos estudiando en colegios privados inaccesibles para la mayoría de los bolivianos, etcétera. Es una élite de recambio que desplazó del panorama cruceño a aquellos sectores que no tuvieron la “flexibilidad” necesaria para entrar en el astuto juego de la cooptación, optando más bien por intentar derrocar a Morales contratando a mercenarios como Rozsa. Dentro su pragmatismo electoral y populista, el MAS desplegó una “política de alianzas” con estos sectores “disidentes” del fascismo cruceño en términos de una típica transacción comercial, lamentablemente admitida por el actual régimen electoral boliviano. Aportan cuantiosas sumas de dinero para los gastos de campaña del partido, lo que les abre el camino para trepar hasta la copa del árbol del poder y cosechar prebendas con jugosas utilidades. Cada vez más autoridades masistas, como Gabriela Montaño, provienen de la derecha y ultraderecha tradicional de Bolivia. Por ejemplo en Santa Cruz, de donde proviene Montaño, el principal “negociador” del MAS es el ex alcalde de la UCS Roberto Fernández, sobre cuya familia pesan cargos de evasión impositiva desde hace más de una década. Junto al hijo de Max Fernández se integraron al MAS ex militantes de la ultraderechista Falange Socialista Boliviana (FSB) e incluso abogados que defendían a connotados narcotraficantes. Recientemente, también en Santa Cruz, el partido de Evo Morales se alió con el alcalde del MNR Percy Fernández, cuyos desquiciados exabruptos contra trabajadores de la prensa cruceños reactivaron los rumores sobre su presunta adicción a la cocaína. No olvidemos que en el 2010 un importante grupo de jóvenes neofascistas de la Unión Juvenil Cruceñista (que provocaron la crisis golpista en septiembre del 2008) se incorporaron públicamente al MAS, con los auspicios de la mismísima Gabriela Montaño. En Pando se puso como gobernador a un ex alcalde del MIR; en Cochabamba un grupo de abogados del buffet de Carlos Sánchez Berzain (MNR) operativizaron la ilegal expropiación de la Empresa de Luz y Fuerza que pertenecía a la cooperativa telefónica local, en coordinación con una hermana de García Linera, según se afirma en corrillos del propio MAS. Es este el MAS que presidirá Bolivia durante los próximo cinco días, en los cuales el proletariado minero de Colquiri tomará las calles de La Paz desde el próximo miércoles tratando de desbloquear el camino extraviado hacia la revolución socialista de Bolivia. La chispa la encienden las propias huestes “cooperativistas” del MAS, que anunciaron un bloqueo general de caminos en todo el país a partir de este lunes.

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