NO A LA CONSTITUCION EVO-DERECHISTA Por un Gobierno Obrero Campesino
Por Alejandro Guerrero
Unos pocos artículos del texto constitucional, modificado por el “gran acuerdo nacional” del MAS con la oposición derechista, definen el referendo de este domingo. Por ejemplo, el artículo 8º de las Disposiciones Transitorias dice lo siguiente: “En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos”.
Esa disposición está hecha a la medida de pulpos como Repsol, Total, Petrobras, Shell, Enron, Vintage, British Gas, British Petroleum, Canadian Energy y Pluspetrol. Esos monopolios, aún ahora, a pesar de la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, negocian el gas boliviano a la mitad de la cotización del producto en los mercados mundiales.
En la minería, los “derechos adquiridos” son, por ejemplo, los del consorcio internacional Glencore, del magnate petrolero suizo-israelí Marc Rich, de quien la revista Time dijo en 2001 que es el ejecutivo empresarial “más corrupto del planeta”. Glencore es uno de los mayores operadores mineros de Bolivia desde 2005, cuando recibió grandes yacimientos, dolosa y fraudulentamente, de manos del gobierno de Carlos Mesa.
Peor aún sucede con el artículo 351, dedicado a los recursos naturales, que los deja en manos de “empresas mixtas”; es decir, privadas con participación estatal. En definitiva, se da legalidad constitucional al estado de cosas que condujo al pueblo de Bolivia a dos insurrecciones.
El artículo 394, sobre “la propiedad agraria individual”, dice: “Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígenas originarios campesinos”. Por tanto, el despojo de las tierras indias es ahora un derecho constitucional, avalado y firmado por un gobierno “indigenista”.
Además, para que la Constitución pueda ser aplicada se necesitarán por lo menos un centenar de leyes, que serán producto a su vez de nuevas componendas entre el oficialismo y los representantes políticos de los llamados “cien clanes” de agroindustriales y narcotraficantes.
Ésa es, en líneas generales, la Constitución Política del Estado que se someterá a referendo este domingo. Una estafa en toda la línea, un engendro derechista.
¿Se puede votar por el Sí a ese texto reaccionario, como hace la Central Obrera Boliviana o algún grupo lambertista dedicado a hacerle lobby a esa misma burocracia? Obviamente, no. Quien vota por esa Constitución vota en contra de la lucha por un gobierno de trabajadores, en contra del gobierno obrero-campesino, de la perspectiva histórica de la dictadura del proletariado.
Por todo eso, precisamente, la burguesía boliviana vota Sí y hasta la Iglesia católica publicó un documento con “diez puntos a favor” y “diez en contra” de la nueva Constitución, con lo cual sugiere votar por la positiva. Sobre el punto que más preocupa
a los obispos, la “indefinición” acerca del aborto, seguramente ya tienen un acuerdo: nunca se dictará la ley que habilite el derecho al aborto.
Ése es el “gran acuerdo nacional” tejido por el MAS y los partidos de la derecha parlamentaria.
Ahora, los “cívicos” convocan a votar No y hasta acuden a actos de fuerza contra la nueva Constitución por una simple necesidad política. Si no lo hicieran, Evo Morales gobernaría en soledad y ellos quedarían borrados del mapa.
El referendo no decide nada
Con el propósito de no “coincidir” con la derecha, algunas organizaciones sindicales y políticas convocan a la abstención. Pero no hay ninguna posibilidad de “coincidir con la derecha”, porque ésta es la Constitución que ella pactó con el MAS.
Fue el gobierno de Evo Morales, no los obreros ni los campesinos, el que firmó un “gran acuerdo nacional” con la derecha. Con una derecha que estaba derrotada, dividida y en una crisis que parecía terminal cuando la movilización popular le frenó el carro en el invierno pasado, pero ahora tiende a recomponerse gracias a los favores que ha recibido del gobierno.
Mientras tanto, la propaganda oficialista para el referendo ha hecho propias las consignas de la derecha respecto de las autonomías. La publicidad del gobierno emplea incluso el emblema verde-blanco de los “cívicos” cruceños. Este giro ‘mediático’ refleja que una franja importante de la derecha desconocerá la convocatoria de los “cívicos” y votará por el Sí, como lo plantean los sectores más importantes de la burguesía. Al mismo tiempo, una porción de votantes oficialistas muy posiblemente se abstendrá.
Por lo demás, no debe darse a este referendo fraudulento más importancia de la que tiene; es decir, muy poca. El referendo no va a modificar en nada la situación política boliviana, que no se resolverá con los votos sino en la calle, en la lucha de clases.
Entretanto:
• No a la Constitución Evo-derechista.
• Por un gobierno de trabajadores, un gobierno obrero-campesino.
PRENSA. OBRERA, 22 DE ENERO DE 2009
Unos pocos artículos del texto constitucional, modificado por el “gran acuerdo nacional” del MAS con la oposición derechista, definen el referendo de este domingo. Por ejemplo, el artículo 8º de las Disposiciones Transitorias dice lo siguiente: “En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos”.
Esa disposición está hecha a la medida de pulpos como Repsol, Total, Petrobras, Shell, Enron, Vintage, British Gas, British Petroleum, Canadian Energy y Pluspetrol. Esos monopolios, aún ahora, a pesar de la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, negocian el gas boliviano a la mitad de la cotización del producto en los mercados mundiales.
En la minería, los “derechos adquiridos” son, por ejemplo, los del consorcio internacional Glencore, del magnate petrolero suizo-israelí Marc Rich, de quien la revista Time dijo en 2001 que es el ejecutivo empresarial “más corrupto del planeta”. Glencore es uno de los mayores operadores mineros de Bolivia desde 2005, cuando recibió grandes yacimientos, dolosa y fraudulentamente, de manos del gobierno de Carlos Mesa.
Peor aún sucede con el artículo 351, dedicado a los recursos naturales, que los deja en manos de “empresas mixtas”; es decir, privadas con participación estatal. En definitiva, se da legalidad constitucional al estado de cosas que condujo al pueblo de Bolivia a dos insurrecciones.
El artículo 394, sobre “la propiedad agraria individual”, dice: “Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígenas originarios campesinos”. Por tanto, el despojo de las tierras indias es ahora un derecho constitucional, avalado y firmado por un gobierno “indigenista”.
Además, para que la Constitución pueda ser aplicada se necesitarán por lo menos un centenar de leyes, que serán producto a su vez de nuevas componendas entre el oficialismo y los representantes políticos de los llamados “cien clanes” de agroindustriales y narcotraficantes.
Ésa es, en líneas generales, la Constitución Política del Estado que se someterá a referendo este domingo. Una estafa en toda la línea, un engendro derechista.
¿Se puede votar por el Sí a ese texto reaccionario, como hace la Central Obrera Boliviana o algún grupo lambertista dedicado a hacerle lobby a esa misma burocracia? Obviamente, no. Quien vota por esa Constitución vota en contra de la lucha por un gobierno de trabajadores, en contra del gobierno obrero-campesino, de la perspectiva histórica de la dictadura del proletariado.
Por todo eso, precisamente, la burguesía boliviana vota Sí y hasta la Iglesia católica publicó un documento con “diez puntos a favor” y “diez en contra” de la nueva Constitución, con lo cual sugiere votar por la positiva. Sobre el punto que más preocupa
a los obispos, la “indefinición” acerca del aborto, seguramente ya tienen un acuerdo: nunca se dictará la ley que habilite el derecho al aborto.
Ése es el “gran acuerdo nacional” tejido por el MAS y los partidos de la derecha parlamentaria.
Ahora, los “cívicos” convocan a votar No y hasta acuden a actos de fuerza contra la nueva Constitución por una simple necesidad política. Si no lo hicieran, Evo Morales gobernaría en soledad y ellos quedarían borrados del mapa.
El referendo no decide nada
Con el propósito de no “coincidir” con la derecha, algunas organizaciones sindicales y políticas convocan a la abstención. Pero no hay ninguna posibilidad de “coincidir con la derecha”, porque ésta es la Constitución que ella pactó con el MAS.
Fue el gobierno de Evo Morales, no los obreros ni los campesinos, el que firmó un “gran acuerdo nacional” con la derecha. Con una derecha que estaba derrotada, dividida y en una crisis que parecía terminal cuando la movilización popular le frenó el carro en el invierno pasado, pero ahora tiende a recomponerse gracias a los favores que ha recibido del gobierno.
Mientras tanto, la propaganda oficialista para el referendo ha hecho propias las consignas de la derecha respecto de las autonomías. La publicidad del gobierno emplea incluso el emblema verde-blanco de los “cívicos” cruceños. Este giro ‘mediático’ refleja que una franja importante de la derecha desconocerá la convocatoria de los “cívicos” y votará por el Sí, como lo plantean los sectores más importantes de la burguesía. Al mismo tiempo, una porción de votantes oficialistas muy posiblemente se abstendrá.
Por lo demás, no debe darse a este referendo fraudulento más importancia de la que tiene; es decir, muy poca. El referendo no va a modificar en nada la situación política boliviana, que no se resolverá con los votos sino en la calle, en la lucha de clases.
Entretanto:
• No a la Constitución Evo-derechista.
• Por un gobierno de trabajadores, un gobierno obrero-campesino.
PRENSA. OBRERA, 22 DE ENERO DE 2009
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