TRABAJADORES ASALARIADOS EN BOLIVIA ¿EXIGUA MINORIA?
Enrique Ormachea1
Según cifras oficiales, un 60% de los y las trabajadores en las ciudades del país son asalariados directos y encubiertos –vía subcontratación– lo que supera la versión interesada del Gobierno de reducir este peso a un simple 15%. Situación similar ocurre en el campo, donde el predominio de las relaciones capitalistas de producción muestra que el asalariamiento ha ido creciendo en estos últimos años.
A raíz de las demandas salariales de los trabajadores del país y de sus masivas movilizaciones en rechazo al incremento salarial del 10% decretado por el Gobierno, diversos funcionarios estatales y militantes del MAS han emprendido una campaña –ante la inocultable política salarial oficialista de protección de la ganancia capitalista en desmedro de los salarios de los trabajadores– orientada a señalar que los asalariados en Bolivia son una exigua minoría y que, además, por el sólo hecho de vender su fuerza de trabajo y recibir un salario por la subasta de esta mercancía, son, nada menos, que unos privilegiados.
Evidentemente, en un país atrasado y de economía combinada como Bolivia, las cifras no pueden mostrar un país donde se hayan expandido plenamente las relaciones capitalistas de producción y donde, por tanto, la presencia de los trabajadores asalariados en el conjunto de la fuerza de trabajo sea ampliamente mayoritaria. Sin embargo, es muy común aún encontrar posiciones que le atribuyen un peso extraordinario a las formas precapitalistas de producción –sobre todo en el campo– hecho que no permite aquilatar la verdadera magnitud del trabajo asalariado en el país.
Las cifras no mienten
Si bien el debate sobre la relevancia del trabajo asalariado –y fundamentalmente el de la clase obrera– debe ser abarcado desde el punto de vista de su relevancia cualitativa en la economía, el manejo demagógico de las cifras por parte de los portavoces del oficialismo con relación a su relevancia numérica, merece también su tratamiento desde esta perspectiva.
Las estadísticas oficiales contradicen las constantes aseveraciones de los portavoces del oficialismo que, a medida que avanza el conflicto, van reduciendo paulatinamente el porcentaje de los trabajadores asalariados del país. A inicios del conflicto afirmaban que representaban únicamente el 20% del total de ocupados del país; ahora resulta que, por arte de magia, este porcentaje se habría reducido estos últimos días al 15%.
Hacia 2007 (último año que publica información el INE), los trabajadores asalariados representaban el 37,3% del total de ocupados del país, porcentaje que, en el caso del área urbana, asciende a 54,4%. Si a este porcentaje se suma aquel que corresponde al asalariamiento encubierto, es decir, a la proporción de trabajadores aparentemente independientes, pero que en realidad son trabajadores subcontratados –que llega al 5,6% de los ocupados– el trabajo asalariado en el ámbito urbano representa prácticamente al 60% del total de los ocupados de las ciudades del país.
Subestimación en el área rural
Como se sabe, las encuestas de hogares del INE, que son aplicadas en un periodo determinado del año, no logran captar, en su verdadera dimensión, la magnitud del empleo asalariado en las actividades agropecuarias y forestales, que se caracterizan por su temporalidad. De allí que las estadísticas oficiales subestiman el trabajo asalariado en el campo, pues, por ejemplo, según los datos del INE, el trabajo asalariado en las áreas rurales en 2007 representaba solamente el 14,3% del total de ocupados.
Sin embargo, como varios estudios lo han venido demostrando, el trabajo asalariado –sobre todo de carácter temporal– se ha expandido en la agricultura, la ganadería y las actividades forestales maderables y no maderables (como la castaña) en el oriente y en el norte del país, a cargo de medianas y grandes empresas que requieren de fuerza de trabajo asalariada para las diferentes fases culturales.
En la actualidad, el trabajo asalariado en el campo se está desarrollando en las antiguas zonas de colonización de Santa Cruz y en las nuevas zonas de expansión de la agricultura cruceña a partir de la masiva presencia de pequeños capitalistas de extracción campesina del altiplano y los valles articulados a los cultivos industriales como la soya, sorgo, sésamo, maíz duro, caña, arroz, etc. Estos pequeños capitalistas –de igual manera que los medianos y grandes– se caracterizan por haber incorporado un importante proceso de maquinización en las diferentes fases culturales y por contratar tanto peones y jornaleros manuales como obreros operadores de maquinaria.
Asimismo, el trabajo asalariado en el campo también se ha incrementado en las antiguas zonas de colonización de las tierras bajas de La Paz y Cochabamba, donde los colonizadores producen arroz, café, coca, entre otros cultivos propios de estas zonas, con el concurso de jornaleros y peones asalariados. En zonas específicas de los valles y del altiplano, la contratación de peones y jornaleros para determinados cultivos y actividades ganaderas es ya moneda corriente. El altiplano sur, que se está especializando en el cultivo de quinua para la exportación, es uno de los ejemplos más importantes acerca del desarrollo del trabajo asalariado en la agricultura andina.
Una parte de los obreros del campo están conformados por quienes ya no tienen propiedad sobre la tierra, es decir, por proletarios. Otra parte, por una gran masa de semiproletarios, es decir, población campesina que ya no figura en el mercado fundamentalmente como vendedora de bienes de subsistencia, sino como vendedora temporal de fuerza de trabajo, por lo que la persistencia o inclusive aumento de pequeñas propiedades “campesinas” implican sólo una forma particular del aumento de familias semiproletarias. Un dato que refleja esta tendencia es que el 45% de los ingresos familiares en la áreas rurales del país proviene de actividades extraprediales y, entre éstos, son relevantes los que se generan por la venta estacional de fuerza de trabajo2.
Por otra parte, si se toma en cuenta que el 82,3% de la producción agrícola del país se concentra en cultivos industriales que mayoritariamente son producidos bajo relaciones capitalistas de producción y se asume que el resto de los cultivos (frutales, hortalizas, tubérculos y forrajes) son producidos fundamentalmente por unidades productivas campesinas que no incorporan trabajo asalariado, lo que se constata es que los obreros agrícolas del país son los que producen la mayor parte de los productos agrícolas del país y no, como se cree, los campesinos, que, a pesar de su gran número, ya no son los principales productores directos en la agricultura.
Por ello, la importancia de la clase obrera en la economía del país –y, por tanto, en la política– es inconmensurablemente mayor que su peso en el total de la población.
NOTAS
1. Sociólogo, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
2. Jimenez, Wilson et al Ingresos y desigualdad en el área rural de Bolivia. la Paz. UDAPE. 2003.
Según cifras oficiales, un 60% de los y las trabajadores en las ciudades del país son asalariados directos y encubiertos –vía subcontratación– lo que supera la versión interesada del Gobierno de reducir este peso a un simple 15%. Situación similar ocurre en el campo, donde el predominio de las relaciones capitalistas de producción muestra que el asalariamiento ha ido creciendo en estos últimos años.
A raíz de las demandas salariales de los trabajadores del país y de sus masivas movilizaciones en rechazo al incremento salarial del 10% decretado por el Gobierno, diversos funcionarios estatales y militantes del MAS han emprendido una campaña –ante la inocultable política salarial oficialista de protección de la ganancia capitalista en desmedro de los salarios de los trabajadores– orientada a señalar que los asalariados en Bolivia son una exigua minoría y que, además, por el sólo hecho de vender su fuerza de trabajo y recibir un salario por la subasta de esta mercancía, son, nada menos, que unos privilegiados.
Evidentemente, en un país atrasado y de economía combinada como Bolivia, las cifras no pueden mostrar un país donde se hayan expandido plenamente las relaciones capitalistas de producción y donde, por tanto, la presencia de los trabajadores asalariados en el conjunto de la fuerza de trabajo sea ampliamente mayoritaria. Sin embargo, es muy común aún encontrar posiciones que le atribuyen un peso extraordinario a las formas precapitalistas de producción –sobre todo en el campo– hecho que no permite aquilatar la verdadera magnitud del trabajo asalariado en el país.
Las cifras no mienten
Si bien el debate sobre la relevancia del trabajo asalariado –y fundamentalmente el de la clase obrera– debe ser abarcado desde el punto de vista de su relevancia cualitativa en la economía, el manejo demagógico de las cifras por parte de los portavoces del oficialismo con relación a su relevancia numérica, merece también su tratamiento desde esta perspectiva.
Las estadísticas oficiales contradicen las constantes aseveraciones de los portavoces del oficialismo que, a medida que avanza el conflicto, van reduciendo paulatinamente el porcentaje de los trabajadores asalariados del país. A inicios del conflicto afirmaban que representaban únicamente el 20% del total de ocupados del país; ahora resulta que, por arte de magia, este porcentaje se habría reducido estos últimos días al 15%.
Hacia 2007 (último año que publica información el INE), los trabajadores asalariados representaban el 37,3% del total de ocupados del país, porcentaje que, en el caso del área urbana, asciende a 54,4%. Si a este porcentaje se suma aquel que corresponde al asalariamiento encubierto, es decir, a la proporción de trabajadores aparentemente independientes, pero que en realidad son trabajadores subcontratados –que llega al 5,6% de los ocupados– el trabajo asalariado en el ámbito urbano representa prácticamente al 60% del total de los ocupados de las ciudades del país.
Subestimación en el área rural
Como se sabe, las encuestas de hogares del INE, que son aplicadas en un periodo determinado del año, no logran captar, en su verdadera dimensión, la magnitud del empleo asalariado en las actividades agropecuarias y forestales, que se caracterizan por su temporalidad. De allí que las estadísticas oficiales subestiman el trabajo asalariado en el campo, pues, por ejemplo, según los datos del INE, el trabajo asalariado en las áreas rurales en 2007 representaba solamente el 14,3% del total de ocupados.
Sin embargo, como varios estudios lo han venido demostrando, el trabajo asalariado –sobre todo de carácter temporal– se ha expandido en la agricultura, la ganadería y las actividades forestales maderables y no maderables (como la castaña) en el oriente y en el norte del país, a cargo de medianas y grandes empresas que requieren de fuerza de trabajo asalariada para las diferentes fases culturales.
En la actualidad, el trabajo asalariado en el campo se está desarrollando en las antiguas zonas de colonización de Santa Cruz y en las nuevas zonas de expansión de la agricultura cruceña a partir de la masiva presencia de pequeños capitalistas de extracción campesina del altiplano y los valles articulados a los cultivos industriales como la soya, sorgo, sésamo, maíz duro, caña, arroz, etc. Estos pequeños capitalistas –de igual manera que los medianos y grandes– se caracterizan por haber incorporado un importante proceso de maquinización en las diferentes fases culturales y por contratar tanto peones y jornaleros manuales como obreros operadores de maquinaria.
Asimismo, el trabajo asalariado en el campo también se ha incrementado en las antiguas zonas de colonización de las tierras bajas de La Paz y Cochabamba, donde los colonizadores producen arroz, café, coca, entre otros cultivos propios de estas zonas, con el concurso de jornaleros y peones asalariados. En zonas específicas de los valles y del altiplano, la contratación de peones y jornaleros para determinados cultivos y actividades ganaderas es ya moneda corriente. El altiplano sur, que se está especializando en el cultivo de quinua para la exportación, es uno de los ejemplos más importantes acerca del desarrollo del trabajo asalariado en la agricultura andina.
Una parte de los obreros del campo están conformados por quienes ya no tienen propiedad sobre la tierra, es decir, por proletarios. Otra parte, por una gran masa de semiproletarios, es decir, población campesina que ya no figura en el mercado fundamentalmente como vendedora de bienes de subsistencia, sino como vendedora temporal de fuerza de trabajo, por lo que la persistencia o inclusive aumento de pequeñas propiedades “campesinas” implican sólo una forma particular del aumento de familias semiproletarias. Un dato que refleja esta tendencia es que el 45% de los ingresos familiares en la áreas rurales del país proviene de actividades extraprediales y, entre éstos, son relevantes los que se generan por la venta estacional de fuerza de trabajo2.
Por otra parte, si se toma en cuenta que el 82,3% de la producción agrícola del país se concentra en cultivos industriales que mayoritariamente son producidos bajo relaciones capitalistas de producción y se asume que el resto de los cultivos (frutales, hortalizas, tubérculos y forrajes) son producidos fundamentalmente por unidades productivas campesinas que no incorporan trabajo asalariado, lo que se constata es que los obreros agrícolas del país son los que producen la mayor parte de los productos agrícolas del país y no, como se cree, los campesinos, que, a pesar de su gran número, ya no son los principales productores directos en la agricultura.
Por ello, la importancia de la clase obrera en la economía del país –y, por tanto, en la política– es inconmensurablemente mayor que su peso en el total de la población.
NOTAS
1. Sociólogo, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
2. Jimenez, Wilson et al Ingresos y desigualdad en el área rural de Bolivia. la Paz. UDAPE. 2003.
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