18 de noviembre de 2010

Un presupuesto para el Club de París

Hace diez años, salió a la luz un régimen de sobornos en el Senado para sacar adelante leyes de flexibilidad laboral reclamadas por el pulpo Techint. La revelación fue un síntoma de que el gobierno de De la Rúa estaba irrevocablemente condenado -esto debido a la implacable recesión que no lograba revertir. La historia se repite, esta vez en Diputados, cuando no se ha cumplido aún el mes del fallecimiento de Kirchner. ¿Para qué coimear si el gobierno, según la Presidenta, tiene "instrumentos legales" alternativos, como prorrogar el Presupuesto de 2010? Es que el gobierno quiere negociar un pago escalonado de los siete mil millones de dólares de la deuda fraudulenta con el Club de París, lo cual requiere una garantía institucional como lo es el acuerdo con ese gasto por parte del Congreso -en especial, cuando el gobierno ha rechazado la supervisión de las cuentas públicas por parte del FMI. Es precisamente la extorsión que la Presidenta formuló en su último discurso en cadena: "si no me dan el Presupuesto, vino a decir, un fracaso de esa negociación será responsabilidad de la oposición". La extorsión funcionó -al menos por un tiempo: medio bloque del PRO saltó de bando y la fracción alfonsinista de la UCR cambió de jefe parlamentario en un abrir y cerrar de ojos con la finalidad de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo (incluso Reutemann hizo su ‘gesto' con su retirada de la Mesa del Peronismo Federal). La exposición de las coimas y aprietes, sin embargo, parece haber echado todo a perder, de modo que el gobierno deberá funcionar, de aquí en más, a puro decreto. Los usureros internacionales no dejarán de aprovechar la oportunidad para apretar más a fondo -cobrar en mucho menos tiempo de lo que pretende el oficialismo. La crisis ha expuesto al gobierno como una madriguera de coimeros y a la oposición como una parva de oportunistas y carreristas sin principios ni programa. Este resultado político fue calificado, durante las exequias del ex Presidente, como la "reconstrucción de las instituciones y la reemergencia de la política".
Régimen político
La crisis dejó al desnudo la completa insolvencia del régimen político que fuera ‘aggiornado' por la reforma constitucional de 1994. Esta reforma le dio al Ejecutivo dos instrumentos de gobierno que convierten al Congreso en una mera escribanía: los decretos de necesidad y urgencia, y los vetos parciales a las leyes. En el caso del Presupuesto, estas normas le quitan al Congreso cualquier posibilidad de reformarlo, pues los cambios pueden ser vetados por la Presidencia. Si para impedir este resultado, el Congreso rechaza el Presupuesto ‘en general', está obligado a dictaminar uno alternativo, lo que implica la desautorización del Ejecutivo, lo cual convierte al sistema en parlamentario y puede implicar, por lo tanto, la renuncia del funcionario a cargo de la Presidencia. Superar este impasse mediante una negociación en el Congreso es azaroso, porque teniendo el recurso del veto, el oficialismo buscará imponer su proyecto. El fracaso de todas estas variantes conduce a la prórroga del Presupuesto precedente y a ajustarlo por medio de decretos. Naturalmente, no son las formas políticas o institucionales la causa de esta crisis, sino apenas sus vehículos o víctimas. La causa es la crisis capitalista mundial y las presiones que, en este marco, ejerce el capital financiero, como está ocurriendo ahora con la llamada ‘guerra de monedas' -o sea la desestabilización del peso y la inflación, y las fluctuaciones violentas de los precios de las exportaciones de Argentina.
La deuda, siempre la deuda
La insistencia del oficialismo de que el Congreso debe limitarse a poner la firma al proyecto de Presupuesto que le manda el Ejecutivo retrotrae a Argentina a la monarquía absoluta, porque la constitucional surgió precisamente del reclamo de que no podía haber impuestos si no eran votados por una representación electa. Para la "eterna deudora del Sur", como lo escribió el derechista Martel, remendando la letra del Himno, existe una cláusula que establece que es el Congreso el encargado de "arreglar" la deuda pública, o sea establecer los endeudamientos y autorizar los pagos. Para el bloque K y los opositores dispuestos a secundarlo con el voto o con el quórum, esa potestad la tendría la Presidenta en exclusividad. Como quien esto escribe no es institucionalista sino marxista, por lo que explica los procesos institucionales a partir de los sociales y no al revés, una dictadura presupuestaria podría ser apoyada parcialmente si estuviera al servicio de los intereses nacionales históricamente progresivos, pero no es éste el caso, porque los K son servidores seriales de la deuda usuraria. Darles el monopolio de decisión en este punto sería un suicidio nacional. Cuando los K hablan del desendeudamiento, no entienden lo mismo que el resto de los mortales; para ellos significa pagar la deuda usuraria para crear las condiciones para endeudarse de nuevo. Es precisamente esto lo que atrae al Club de París, que ve en el cobro de la deuda pendiente de Argentina la ocasión para otorgarle nuevos préstamos. Es lo que están haciendo la mayoría de las provincias -a una tasa de interés del 11% anual. Irlanda, que está en default, aún sigue pagando un poco menos del 10%.
Las cuentas de Moreno
El proyecto del gobierno está, como en otros años, groseramente subvaluado, porque supone una inflación anual del 8%, la que estará más cerca del 30. Esto significa que gozará de una enorme recaudación extra que podrá gastar a su gusto -y que no será, precisamente, para otorgar el 82% a los jubilados. La posibilidad de operar de esta manera muestra lo fraudulento de la democracia representativa en nuestras comarcas, pues se supone que no debería gastar sino aquello que está presupuestado. Pero los tiempos del capital financiero no son los de la democracia; cuando hacen un reclamo, necesitan un funcionario que lo conceda al instante. La infravaloración de la inflación distorsiona también los montos asignados a las jubilaciones -que se ajustan dos veces al año por un índice combinado de recaudación y de salarios. Por la misma razón, prevé aumentos salariales de solamente el 14% promedio, o sea un porcentaje menor que ese sobre el último aumento salarial cobrado. La distorsión de la inflación prevista ejerce una presión negativa para los trabajadores en las negociaciones salariales. Como se ve, un régimen de decretos nacional y popular implicaría una confiscación económica para los trabajadores -como ha venido ocurriendo. Sólo unos pocos sindicatos obtuvieron aumentos similares a la inflación, esto gracias a luchas que han marcado un nuevo rumbo para el movimiento obrero.
El pago de la deuda en 2011 se hará: 1) por medio del retiro de reservas del Banco Central, por 7.500 millones de dólares; la inflación potencial de este procedimiento, para pagar a los usureros, implica una transferencia de ingresos del consumidor al acreedor internacional; 2) por medio de compras de títulos públicos por parte de la Anses (no se entiende por qué esto sería un desendeudamiento). El gobierno carga de este modo al sistema de previsión con una deuda que está sujeta, más que nunca, a los vaivenes del default -que la crisis financiera internacional puede poner al día en cualquier momento. La crisis de 2001 fue detonada por tasas internacionales cada vez más altas y, por lo tanto, por un encarecimiento de la deuda externa como resultado de la crisis asiática, rusa y brasileña de 1997-8.
Esta observación es oportuna porque el proyecto oficial de Presupuesto supone un dólar de 4,10 pesos para el promedio del año, lo cual de todos modos es un ejercicio de fantasía, porque nadie sabe cuál será la cotización internacional de las monedas en 2011. Esto implica que los aumentos de tarifas quedarán automáticamente dolarizados, un reclamo fundamental de las privatizadas que el gobierno mantuvo en vida desde 2003. Asimismo, implica que el aumento extraordinario de la recaudación impositiva debido a la inflación quedará convertido a dólares uno a uno -una garantía fundamental para los acreedores internacionales. Un aumento en dólares de la recaudación impositiva, o sea, un impuesto extraordinario que servirá para el pago de la deuda.
El presupuesto presenta un superávit que no es tal, esto porque sus "ingresos" incluyen créditos forzosos, como las transferencias del Banco Central al Tesoro (la caja) y el uso del superávit de la Anses. Sin estos recursos, el resultado después del pago de intereses de la deuda pública registraría un quebranto superior a los 30.000 millones de pesos. En contrapartida, desconoce el 82% móvil para los jubilados.
Mientras prevé un plan de "obras públicas prioritarias" (la mayoría sin especificar), el Presupuesto dispone la reducción de subsidios tarifarios, por un lado, y la imposición de cargos específicos a las tarifas, por el otro. Así, las obras para servicios públicos que continuarán manejando los privatizadores serán financiadas con aumentos de tarifas.
La oposición
La oposición ha objetado, naturalmente, el cálculo distorsionado de los recursos por parte del oficialismo, pero no critica su orientación fundamental: pagar la deuda usurera, que ha crecido por intereses y refinanciamientos durante más de tres décadas, y subsidiar a los contratistas de obra pública -la cual pretende ser financiada de nuevo por medio de deuda internacional, como ya lo están haciendo las provincias. Esto explica que los bloques opositores se hayan quebrado con el mismo argumento del oficialismo: hay que darle el Presupuesto al PEN. Hasta el sojero Bussi ha aparecido, con independencia de sus desmentidos, como sostenedor del proyecto. Los dictámenes alternativos de los opositores ni siquiera planteaban el 82% móvil o la implementación del fallo Badaro. La oposición mandó el presupuesto "a comisión" en busca de un acuerdo con el kirchnerismo.
Club de París
El destino del Presupuesto ha quedado en manos del Club de París. Muy simple: éste exige el pago de la deuda en 18 meses, en lugar de los cuatro años que pide el gobierno, para hacer la vista gorda a las cuentas oficiales. Si el gobierno acepta este ultimátum, logrará salvar el Presupuesto, pero a cambio de su capitulación ante los Estados acreedores. Si la negociación se vuelve a empantanar, las cuentas públicas e internacionales no serán las del proyecto K ni las reclamadas por los opositores, sino las que imponga la especulación internacional.
Moyano y Yasky han atado al movimiento obrero a este Presupuesto antisalarial y antijubilatorio, inflacionario y condicionado a los Estados acreedores, que hoy están golpeando a todo el mundo para rescatar a sus bancos quebrados. Llamamos a deliberar sobre esta situación política para ordenar un programa de defensa de los intereses de las masas. Reapertura de paritarias. Indexación salarial mensual frente a la inflación. Reparto de las horas de trabajo para acabar con la desocupación (del 14%, si se incluye a los subocupados). 82% Móvil. Igualación de los tercerizados con el convenio de actividad más beneficioso, incorporación a planta permanente. No pago de la deuda usuraria. Por un plan de obras públicas y de industrialización bajo el control de los trabajadores. Abajo la reforma política, legalidad para todos los partidos de izquierda.
Jorge Altamira

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1 comentarios(2):

Anónimo dijo...

Jorge Altamira es dirigente histórico de Partido Obrero de Argentina, miembro de Coordinadora Para la Refundación de la IV Internacional CRCI. Artículo publicado en Prensa Obrera Nº1155 (www.po.org.ar)

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